Motivaciones y expectativas
El alto potencial de desarrollo humano que caracteriza la vida en las ciudades en tanto espacios de encuentro, intercambio y complementación, de enorme diversidad económica, ambiental y política, de concentración importante de las actividades de producción, servicio, distribución y formación se ve hoy enfrentado a múltiples y complejos procesos que plantean grandes desafíos y problemas a la convivencia social. “... los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público.
Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales. Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana.” (Preámbulo de la versión actual del proyecto de Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Septiembre, 2005)
Muchos son los problemas concretos que enfrentan los pobladores de las ciudades, principalmente aquéllos que -por su situación económica, migratoria, vulnerable o minoritaria- soportan el mayor peso de la inseguridad y la discriminación: dificultad de acceder a la tierra y a una vivienda digna, desalojos forzados, segregación urbana planificada, presiones especulativas, privatización de la vivienda social, obstáculos de toda índole e incluso criminalización de los procesos de autoproducción de vivienda y de urbanización popular, violencia inmobiliaria contra inquilinos pobres, entre otros.
Ante estos desafíos, un conjunto de redes internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales, gremiales y académicas han venido debatiendo y promoviendo el reconocimiento y adopción del derecho a la ciudad como un nuevo derecho humano colectivo. En forma paralela a estas iniciativas de la sociedad civil, algunos gobiernos, tanto a nivel regional, como nacional y local, han venido generando instrumentos jurídicos que buscan normar los derechos humanos en el contexto urbano. Destacan, entre los más avanzados a nivel internacional, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, firmada hasta ahora por más de 400 ciudades; el Estatuto de la Ciudad de Brasil, decretado en julio de 2001; y, a escala local, la Carta de Montreal.
Organizaciones sociales vinculadas al movimiento urbano popular, organizaciones civiles que trabajan en el campo de los derechos humanos y el hábitat, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Gobierno de la Ciudad no han sido ajenos a estos procesos y han venido conjuntando esfuerzos para promover la formulación y suscripción de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.
El propósito que persigue la formulación de esta Carta se orienta a enfrentar las causas y manifestaciones de la exclusión: económicas, sociales, territoriales, culturales, políticas y psicológicas. Se plantea como respuesta social, contrapunto a la ciudad-mercancía y como expresión del interés colectivo. Se trata de un abordaje complejo que exige articular la temática de los derechos humanos en su concepción integral (derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) a la de la democracia en sus diversas dimensiones (representativa, distributiva y participativa).
No habrá democracia en su sentido más profundo en tanto prevalezcan la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la injusticia. No hay ciudad sin ciudadanos capaces de incidir con libertad en las decisiones que afectan su vida. Así, la Carta define este derecho como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”. De ahí que no se limite esta propuesta a una carta de derechos humanos en la ciudad sino que se conciba como un instrumento capaz de promover y garantizar el derecho de todos a la ciudad, en sus múltiples dimensiones y componentes.
La formulación de la Carta deberá orientarse por los siguientes objetivos:
1. Contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable.
2. Contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable y
3. Contribuir a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares.
El derecho a la ciudad, de acuerdo con estos objetivos, puede coadyuvar a la ser factor de fortalecimiento social y político de la población, de ordenamiento y manejo territorial sustentables y de crecimiento de la economía solidaria. Implica también la construcción de un equilibrio dinámico y crítico entre la sociedad civil organizada y las instituciones del Estado mediante el fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y de gestión de las organizaciones sociales y civiles, y la apertura democrática de espacios de concertación, planeación, control y acción que promuevan y apoyen su participación corresponsable al más alto nivel posible.
Exige por tanto de voluntad política y de compromiso social. Se deben, por tanto, recoger en la Carta las obligaciones y responsabilidades del Estado y los compromisos que adquieren otros actores sociales para socializar sus contenidos y para corresponsabilizarse en su cumplimiento.
Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales. Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana.” (Preámbulo de la versión actual del proyecto de Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Septiembre, 2005)
Muchos son los problemas concretos que enfrentan los pobladores de las ciudades, principalmente aquéllos que -por su situación económica, migratoria, vulnerable o minoritaria- soportan el mayor peso de la inseguridad y la discriminación: dificultad de acceder a la tierra y a una vivienda digna, desalojos forzados, segregación urbana planificada, presiones especulativas, privatización de la vivienda social, obstáculos de toda índole e incluso criminalización de los procesos de autoproducción de vivienda y de urbanización popular, violencia inmobiliaria contra inquilinos pobres, entre otros.
Ante estos desafíos, un conjunto de redes internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales, gremiales y académicas han venido debatiendo y promoviendo el reconocimiento y adopción del derecho a la ciudad como un nuevo derecho humano colectivo. En forma paralela a estas iniciativas de la sociedad civil, algunos gobiernos, tanto a nivel regional, como nacional y local, han venido generando instrumentos jurídicos que buscan normar los derechos humanos en el contexto urbano. Destacan, entre los más avanzados a nivel internacional, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, firmada hasta ahora por más de 400 ciudades; el Estatuto de la Ciudad de Brasil, decretado en julio de 2001; y, a escala local, la Carta de Montreal.
Organizaciones sociales vinculadas al movimiento urbano popular, organizaciones civiles que trabajan en el campo de los derechos humanos y el hábitat, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Gobierno de la Ciudad no han sido ajenos a estos procesos y han venido conjuntando esfuerzos para promover la formulación y suscripción de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.
El propósito que persigue la formulación de esta Carta se orienta a enfrentar las causas y manifestaciones de la exclusión: económicas, sociales, territoriales, culturales, políticas y psicológicas. Se plantea como respuesta social, contrapunto a la ciudad-mercancía y como expresión del interés colectivo. Se trata de un abordaje complejo que exige articular la temática de los derechos humanos en su concepción integral (derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) a la de la democracia en sus diversas dimensiones (representativa, distributiva y participativa).
No habrá democracia en su sentido más profundo en tanto prevalezcan la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la injusticia. No hay ciudad sin ciudadanos capaces de incidir con libertad en las decisiones que afectan su vida. Así, la Carta define este derecho como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”. De ahí que no se limite esta propuesta a una carta de derechos humanos en la ciudad sino que se conciba como un instrumento capaz de promover y garantizar el derecho de todos a la ciudad, en sus múltiples dimensiones y componentes.
La formulación de la Carta deberá orientarse por los siguientes objetivos:
1. Contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable.
2. Contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable y
3. Contribuir a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares.
El derecho a la ciudad, de acuerdo con estos objetivos, puede coadyuvar a la ser factor de fortalecimiento social y político de la población, de ordenamiento y manejo territorial sustentables y de crecimiento de la economía solidaria. Implica también la construcción de un equilibrio dinámico y crítico entre la sociedad civil organizada y las instituciones del Estado mediante el fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y de gestión de las organizaciones sociales y civiles, y la apertura democrática de espacios de concertación, planeación, control y acción que promuevan y apoyen su participación corresponsable al más alto nivel posible.
Exige por tanto de voluntad política y de compromiso social. Se deben, por tanto, recoger en la Carta las obligaciones y responsabilidades del Estado y los compromisos que adquieren otros actores sociales para socializar sus contenidos y para corresponsabilizarse en su cumplimiento.
Ciudad de México, julio de 2008
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http://www.hic-al.org/eventos.cfm?evento=622&id_categoria=8
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